Por combatir la extorsión digital, lanzan campaña negra contra legisladora mexiquense.

La propuesta de la diputada Paola Jiménez para sancionar penalmente la extorsión digital y el uso de páginas dedicadas a difundir información falsa con fines económicos, ha colocado a la legisladora morenista en el centro de una campaña de desprestigio en su contra por parte de quienes operan páginas desde el anonimato, administran granjas de bots y hacen uso de inteligencia artificial para difamar.

De acuerdo al primer planteamiento de la diputada Jiménez, la iniciativa buscaría castigar hasta con cinco años de prisión a quienes administren plataformas digitales utilizadas para exigir dinero a cambio de no publicar información falsa, así como a quienes mediante granjas de bots busquen dañar la vida laboral, pública o privada de cualquier persona con difamaciones.

La propuesta legislativa también contempla sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial para manipular, alterar o modificar imágenes de personas reales, ya sea mediante fotografías o videos editados, representaciones caricaturizadas o la clonación y reproducción artificial de la voz. Además, se consideran sanciones a quienes repliquen información falsa, no verificada y/o creada a través de inteligencia artificial, para prevenir que individuos que se presentan como influencers o pseudoperiodistas, hagan un cobro indebido por replicar la información.


La controversia también abre interrogantes sobre el posible uso de granjas de bots, el financiamiento de campañas políticas anticipadas y el manejo de recursos no comprobables, utilizados para promover determinadas figuras públicas ¿Qué personajes políticos hablan

de hacer gastos en obras para sus precampañas aún sin tener un cargo?, ¿De dónde sale el dinero? o ¿quién y a cambio de qué les da financiamiento? Acaso ¿estas páginas apoyan a un partido político en específico?


Entre los cuestionamientos planteados se menciona que algunas páginas tienen relación con personajes con adicciones y manejo de recursos no comprobables; de ahí que investigar los vínculos entre administradores de páginas digitales y actores políticos, responderá a diversas interrogantes. Hasta ahora, los señalamientos deberán considerarse hipótesis que requieren pruebas e investigaciones.


En un escenario previo a los próximos procesos electorales, la transparencia sobre el origen de los recursos, la autenticidad de la información y la rendición de cuentas se perfilan como asuntos de interés público; o acaso las campañas negras son la antesala de la elección; ¿qué opinará el electorado?

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