Clara Brugada refuerza combate al despojo con reformas que duplican penas y regulan a notarios

La jefa de Gobierno de la CDMX presentó una estrategia integral contra el despojo de inmuebles, con penas de hasta 22 años de prisión

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este martes una ofensiva legal y operativa contra el despojo de inmuebles en la capital, al presentar la Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles, un ambicioso plan que busca frenar este delito que ha afectado a miles de familias y se ha vuelto especialmente crítico en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Entre las principales acciones destacan reformas al Código Penal que duplicarán las penas por el delito de despojo, pasando de 11 a 22 años de prisión en casos agravados, además de imponer nuevas regulaciones a notarios públicos, algunos de los cuales, reconoció Brugada, están coludidos con redes delictivas.

"Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata", señaló Brugada.

La mandataria capitalina anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, la cual estará adscrita a la Secretaría de Gobierno. Esta unidad trabajará en conjunto con el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, integrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el Poder Judicial.

En cuanto a la reforma legal, Brugada adelantó que las iniciativas serán enviadas en los próximos días al Congreso local y se espera su aprobación en el mes de septiembre, al inicio del nuevo periodo legislativo en Donceles.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que se reformará el artículo 237 del Código Penal para establecer penas más severas:

- 6 a 11 años de prisión por el delito base.

- 12 a 22 años en caso de agravantes, como:

- Suplantación de identidad del propietario.

- Participación de funcionarios públicos o notarios.

- Despojo de predios en áreas naturales protegidas o inmuebles del gobierno capitalino.

- Simulación de cargos públicos.

Además, se propone la adición del artículo 238 Bis, que equiparará ciertas conductas al delito de despojo, como la ocupación ilegal sin derecho legítimo tras una orden de desalojo, así como la participación de agrupaciones sindicales o sociales que se beneficien de manera ilícita de estos actos.

Otro punto central de la estrategia será la modificación de la Ley del Registro Público de la Propiedad y el artículo 41 de la Ley Registral para la Ciudad de México, con el fin de evitar fraudes con documentos apócrifos emitidos por notarías de otras entidades federativas.

En este contexto, Brugada subrayó la importancia de fortalecer las instituciones y establecer mecanismos de protección cautelar para las víctimas, así como ofrecer asesoría legal a quienes enfrenten procesos relacionados con el despojo de sus inmuebles.

"Se ampliará la definición del delito, se establecerán agravantes cuando participen servidores públicos, notarios o corredores, y se castigará más severamente cuando se trate de inmuebles con valor ecológico o patrimonial", afirmó la mandataria.

Clara Brugada calificó al despojo como un fenómeno multifactorial y estructural, alimentado por vacíos legales, corrupción, debilidad institucional y redes criminales que operan con total impunidad.

Con esta estrategia, el Gobierno capitalino busca consolidar una respuesta integral, que combina reformas legislativas, acciones operativas, y coordinación interinstitucional para proteger el patrimonio de los ciudadanos.